Centro de Ética Legal

Por: Gerardo Cintrón Rosario*

Cada día conocemos que más jurisdicciones han revisado sus reglas sobre la profesión de la abogacía para requerir que los abogados tengan cierto nivel de competencia tecnológica para que se les considere abogados competentes. La implementación del requisito de competencia tecnológica en diferentes jurisdicciones ha creado una serie de preguntas sobre qué exactamente significa tener competencia en el área de la tecnología y la manera en que un abogado puede obtener y mantener ese deber de competencia.

Continue reading “Competencia tecnológica en la profesión de la abogacía”

Por: Manuel Muñiz Torres*

I. Introducción

Al igual que en cualquier profesión, los abogados y abogadas suelen desarrollar relaciones personales con sus compañeros  de  profesión. Ya sea porque se trate de familiares, amigos o compañeros de estudios, todo abogado tiene una relación no profesional con otros miembros de la profesión. Sin embargo,  cuando durante el litigio un abogado inicia  una relación personal con la representación legal de la parte contraria, ello  puede ocasionar conflictos de intereses. Es importante tener en cuenta, no obstante, que no todas las relaciones personales entre abogados de partes contrarias tienen que llevar a la divulgación de tal relación o la renuncia de la representación legal. Antes de llevar a cabo acción alguna, se tiene que analizar la relación entre los abogados para determinar en cuál es la clase de relación, para entonces considerar los próximos pasos a tomar. La Opinión Formal 494 de la American Bar Association, con fecha del 29 de julio de 2020, identifica tres categorías de relaciones que pudiesen afectar la representación de un cliente: (i) relaciones íntimas, (ii) relaciones entre amistades y (iii) y relaciones entre conocidos.[1] Cada categoría se discutirá a fondo en esta Nota. El análisis  que se formula en la Opinión Formal de la ABA se basa en la Regla Modelo 1.7(a)(2), la cual se enfoca en Conflictos de Intereses en la Relación Abogado-Cliente en el contexto intereses personales del abogado.

Continue reading “Conflictos que surgen de la relación personal de un abogado con el abogado de la parte contraria: Opinión Formal 494 de la American Bar Association.”

Por: Patricia Molina Vázquez*

I. Introducción

Cuando un abogado acepta representar a un cliente, o cliente potencial, tiene el deber de aconsejarlo y asistirlo de la mejor manera posible dentro del ámbito de la legalidad. En años recientes, ha habido un aumento en los procedimientos disciplinarios y acusaciones criminales contra abogados que han actuado indebidamente ofreciendo asistencia a clientes en gestiones de lavado de dinero, estafas y fraudes.[1] A estos abogados se les conoce como juristas renegados por abandonar sus ideales con tal de obtener dinero ilegalmente, fabricar testimonios falsos, sobornar oficiales y ayudar a  delincuentes a planificar crímenes.[2] Ante el aumento de la actividad criminal, en el 1983 el Presidente Ronald Reagan creó la “Comisión sobre Crimen Organizado” dedicada al estudio y observación de estos grupos, sus ingresos y participantes en todos los Estados Unidos, para evaluar legislación que pudiera aprobarse para lidiar con el crimen organizado.[3] Ese esfuerzo reveló que los abogados renegados eran un componente esencial del crimen organizado y representaban una amenaza al sistema de justicia criminal y a la autorregulación de la profesión legal.[4] Como resultado de los trabajos de la Comisión sobre Crimen Organizado, el Congreso de Estados Unidos aprobó el “Money Laundering Control Act of 1986”, en el que se tipificó el lavado de dinero como un delito federal.[5] Dispuso esta ley que un abogado comete delito  cuando acepta que el pago por sus servicios provenga de dinero producto de algún delito si el abogado conoce que el pago se deriva de una actividad criminal,  o si sabe que su cliente lo contrató para que lo ayudara a cometer o encubrir un crimen o acto fraudulento. Continue reading “Obligaciones de los abogados, bajo la Regla Modelo 1.2(d) de la ABA, de no asesorar o ayudar en crímenes o fraudes en situaciones no litigiosas: Opinión Formal 491 de la American Bar Association”

Por: Jancari Espinal Ripoll*

Todas las personas son iguales ante la ley. La carta de derechos de nuestra Constitución dispone que: “no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana”.[1] Como lo establece la Constitución, este deber de no incurrir en conducta discriminatoria tiene que estar impregnado en nuestros sistemas de justicia y especialmente incluye a todos los abogados. Sin embargo, lamentablemente no existe disposición alguna para responsabilizar a los abogados que incurren en conducta discriminatoria mientras ejercen su profesión.

Continue reading “El deber de no incurrir en conducta discriminatoria en la abogacía: Opinión Formal 493 de la American Bar Association y la Regla Modelo 8.4(g)”

Por: Valeria Belvis Aquino*

En esta Nota abordo el derecho al descubrimiento de prueba en los procedimientos disciplinarios ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Es el descubrimiento de prueba un derecho disponible en la etapa de contestación e investigación de una queja disciplinaria contra abogados/as? ¿Debería existir el mismo? ¿Cuál es, si alguna, su importancia? ¿Existe el descubrimiento de prueba en los procedimientos disciplinarios contra jueces/zas? ¿Se justifica un trato distinto sobre descubrimiento de prueba entre el proceso disciplinario contra abogados/as y el proceso disciplinario contra jueces/zas? Discuto también en esta Nota un caso reciente resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el cual el descubrimiento de prueba en una queja disciplinaria fue una controversia clave al disciplinar a la abogada.

Continue reading “El derecho al descubrimiento de prueba en los procesos disciplinarios”