Obligaciones de los abogados, bajo la Regla Modelo 1.2(d) de la ABA, de no asesorar o ayudar en crímenes o fraudes en situaciones no litigiosas: Opinión Formal 491 de la American Bar Association

Por: Patricia Molina Vázquez*

I. Introducción

Cuando un abogado acepta representar a un cliente, o cliente potencial, tiene el deber de aconsejarlo y asistirlo de la mejor manera posible dentro del ámbito de la legalidad. En años recientes, ha habido un aumento en los procedimientos disciplinarios y acusaciones criminales contra abogados que han actuado indebidamente ofreciendo asistencia a clientes en gestiones de lavado de dinero, estafas y fraudes.[1] A estos abogados se les conoce como juristas renegados por abandonar sus ideales con tal de obtener dinero ilegalmente, fabricar testimonios falsos, sobornar oficiales y ayudar a  delincuentes a planificar crímenes.[2] Ante el aumento de la actividad criminal, en el 1983 el Presidente Ronald Reagan creó la “Comisión sobre Crimen Organizado” dedicada al estudio y observación de estos grupos, sus ingresos y participantes en todos los Estados Unidos, para evaluar legislación que pudiera aprobarse para lidiar con el crimen organizado.[3] Ese esfuerzo reveló que los abogados renegados eran un componente esencial del crimen organizado y representaban una amenaza al sistema de justicia criminal y a la autorregulación de la profesión legal.[4] Como resultado de los trabajos de la Comisión sobre Crimen Organizado, el Congreso de Estados Unidos aprobó el “Money Laundering Control Act of 1986”, en el que se tipificó el lavado de dinero como un delito federal.[5] Dispuso esta ley que un abogado comete delito  cuando acepta que el pago por sus servicios provenga de dinero producto de algún delito si el abogado conoce que el pago se deriva de una actividad criminal,  o si sabe que su cliente lo contrató para que lo ayudara a cometer o encubrir un crimen o acto fraudulento. Continue reading “Obligaciones de los abogados, bajo la Regla Modelo 1.2(d) de la ABA, de no asesorar o ayudar en crímenes o fraudes en situaciones no litigiosas: Opinión Formal 491 de la American Bar Association”

El deber de no incurrir en conducta discriminatoria en la abogacía: Opinión Formal 493 de la American Bar Association y la Regla Modelo 8.4(g)

Por: Jancari Espinal Ripoll*

Todas las personas son iguales ante la ley. La carta de derechos de nuestra Constitución dispone que: “no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana”.[1] Como lo establece la Constitución, este deber de no incurrir en conducta discriminatoria tiene que estar impregnado en nuestros sistemas de justicia y especialmente incluye a todos los abogados. Sin embargo, lamentablemente no existe disposición alguna para responsabilizar a los abogados que incurren en conducta discriminatoria mientras ejercen su profesión.

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Estándar de prueba en querellas disciplinarias

Por: Sebastián J. Sánchez Esteve*

El estándar de prueba, o quántum de prueba, se refiere al grado o la cantidad de prueba necesaria para establecer un hecho. Este grado de prueba varía dependiendo de si se trata de reclamaciones en el ámbito civil, criminal o administrativo. En esta Nota analizaré el estándar de prueba aplicable en una querella disciplinaria contra abogados y abogadas. Además, compararé ese estándar con el estándar dispuesto en las Reglas de Disciplina Judicial aplicable a los jueces en Puerto Rico. Por último, comentaré brevemente el quántum de prueba en otras jurisdicciones de Estados Unidos y analizaré si es el mismo o difiere entre jurisdicciones.

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El derecho al descubrimiento de prueba en los procesos disciplinarios

Por: Valeria Belvis Aquino*

En esta Nota abordo el derecho al descubrimiento de prueba en los procedimientos disciplinarios ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Es el descubrimiento de prueba un derecho disponible en la etapa de contestación e investigación de una queja disciplinaria contra abogados/as? ¿Debería existir el mismo? ¿Cuál es, si alguna, su importancia? ¿Existe el descubrimiento de prueba en los procedimientos disciplinarios contra jueces/zas? ¿Se justifica un trato distinto sobre descubrimiento de prueba entre el proceso disciplinario contra abogados/as y el proceso disciplinario contra jueces/zas? Discuto también en esta Nota un caso reciente resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el cual el descubrimiento de prueba en una queja disciplinaria fue una controversia clave al disciplinar a la abogada.

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La prescripción de las acciones disciplinarias contra los abogados y los notarios: Estatus actual

Por:  André S. Rios Ramírez*

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (“Tribunal Supremo”) tuvo ocasión de considerar un tema raras veces discutido, la prescripción de las acciones disciplinarias contra los abogados y los notarios.[1] El Máximo Foro resolvió que la inclusión en el inciso cinco (5) del Artículo 1867 del Código Civil de 1930,[2] de un término prescriptivo de tres (3) años para las acciones disciplinarias contra los abogados y los notarios, era una intromisión inconstitucional de la Rama Legislativa en las facultades inherentes a la Rama Judicial.[3] Por voz de la juez asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, se dispuso que si bien la Rama Legislativa puede complementar el poder inherente del Tribunal Supremo, esta legislación solo puede tener efectos directivos y no mandatorios para las gestiones del Tribunal Supremo en su reglamentación de la profesión legal.[4] Al declarar inconstitucionales las enmiendas al Artículo 1867, el Tribunal Supremo hizo unas expresiones que resultan pertinentes transcribir en su totalidad: “[l]as particularidades de las quejas contra la clase togada imposibilitan adoptar irreflexivamente un término uniforme e inflexible que limite irremediablemente nuestra facultad de asegurar la sana administración de la justicia”.[5] Al revisar estas expresiones surgen varias interrogantes que pasaremos a considerar. ¿Existe alguna reglamentación sobre la prescripción de acciones disciplinarias contras los abogados y los notarios? De contestar la pregunta anterior en la negativa, ¿qué alternativas pueden ser consideradas en este tema? ¿Sería unas de estas alternativas aceptable para el Tribunal Supremo? Pasemos a considerar estas interrogantes.

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Entre la espada y la pared: La libertad de expresión de los abogados y el respeto a los tribunales.

Por: Owen A.  Rivera Colón  y Melanie M. Mercado Méndez*

Introducción

Los abogados forman parte de nuestra compleja sociedad democrática, por lo que hay expertos que argumentan vigorosamente en contra de las limitaciones a la libertad de expresión de este gremio profesional. El reconocido constitucionalista Erwin Chemerinsky, en un discurso ofrecido en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, delineó el razonamiento detrás de esta oposición. La libertad de expresión, comenta Chemerinsky, es indispensable para el funcionamiento del proceso político, ya que esta libertad es esencial para que los tribunales de un gobierno democrático sean regulados y respondan ante el Pueblo.[1] También comenta que la libertad de expresión promociona el libre tráfico de ideas, lo que permite que el debate público escrudiñe aquellos pensamientos y trace juicios valorativos sobre estos.[2] Finalmente, el letrado indica que el análisis sobre la libertad de expresión de los abogados debe considerar la autonomía individual de los abogados. A tales efectos nos dice que “los abogados no renuncian a su derecho a la libertad de expresión al ser admitidos a la práctica legal. . . [de la misma forma en que] los jueces no renuncian a su derecho a la libertad de expresión al tomar el juramento judicial”.[3] Continue reading “Entre la espada y la pared: La libertad de expresión de los abogados y el respeto a los tribunales.”

Los deberes éticos de un abogado ante una intrusión en los sistemas de información o Ataque cibernético: Reseña y Comentario sobre la Opinión Formal 483 (2018) de la American Bar Association

Por: Neyshla García-Padilla*

I. Introducción

Bufetes y oficinas legales de todos los tamaños han sido objeto de ciberataques por parte de piratas informáticos.[1] Casos como el de los Panamá Papers y otros donde grandes bufetes que han admitido haber sido víctimas de violaciones de seguridad en sus sistemas de información, han fomentado que se discuta la realidad de estas amenazas.[2] Una encuesta hecha por la American Bar Association (“A.B.A.”) en el 2015 encontró que el 23 por ciento de los bufetes con más de 100 abogados han experimentado violaciones en sus sistemas  informáticos.[3] Los bufetes y oficinas de abogados continúan siendo vulnerables y cada vez son más los afectados por este problema. [4] Continue reading “Los deberes éticos de un abogado ante una intrusión en los sistemas de información o Ataque cibernético: Reseña y Comentario sobre la Opinión Formal 483 (2018) de la American Bar Association”

Recomendaciones de la A.B.A. para asegurar el cumplimiento con obligaciones éticas cuando una abogada cambia de bufete o lugar de práctica legal. *

Por: Raquel Merced Calderón

I. Introducción

Cuando una abogada cesa su afiliación profesional con un bufete u oficina legal y se une a otro o abre su propia práctica, surgen dudas en torno a cómo cumplir cabalmente con sus obligaciones éticas y sus deberes hacia los clientes que atendía directamente y hacia la oficina legal o bufete del cual sale. Esas obligaciones se centran en el deber ético de proteger los intereses de los clientes, asegurar que la representación legal no sufra efectos adversos en los casos activos, evitar conflictos de intereses y no incurrir en solicitación prohibida de clientes. La American Bar Association (en adelante, “A.B.A.”) cuenta con dos opiniones formales que proveen guías útiles sobre la naturaleza de las obligaciones éticas en ese proceso de transición cuando una abogada abandona un bufete o una oficina legal.

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Recomendaciones sobre el tiempo durante el cual un abogado debe preservar los documentos de un cliente y el expediente de un caso y el modo de preservarlos: ¿digital o impreso?

Por: Christian Barreda Pérez*  

En esta nota analizamos interrogantes comunes en la práctica legal sobre la retención y el manejo de los expedientes que contienen documentos de casos y archivos de un cliente: ¿cuánto tiempo debe el abogado retener el expediente o los documentos de un cliente?; ¿está el abogado obligado a proveerle a su cliente copia física o impresa del expediente de su caso cuando el mismo se ha mantenido en formato digital?; y ¿puede un abogado cobrar por los gastos incurridos al convertir el expediente electrónico a papel? Continue reading “Recomendaciones sobre el tiempo durante el cual un abogado debe preservar los documentos de un cliente y el expediente de un caso y el modo de preservarlos: ¿digital o impreso?”