Author: elpr-gfp2017

Por: Owen A.  Rivera Colón  y Melanie M. Mercado Méndez*

Introducción

Los abogados forman parte de nuestra compleja sociedad democrática, por lo que hay expertos que argumentan vigorosamente en contra de las limitaciones a la libertad de expresión de este gremio profesional. El reconocido constitucionalista Erwin Chemerinsky, en un discurso ofrecido en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, delineó el razonamiento detrás de esta oposición. La libertad de expresión, comenta Chemerinsky, es indispensable para el funcionamiento del proceso político, ya que esta libertad es esencial para que los tribunales de un gobierno democrático sean regulados y respondan ante el Pueblo.[1] También comenta que la libertad de expresión promociona el libre tráfico de ideas, lo que permite que el debate público escrudiñe aquellos pensamientos y trace juicios valorativos sobre estos.[2] Finalmente, el letrado indica que el análisis sobre la libertad de expresión de los abogados debe considerar la autonomía individual de los abogados. A tales efectos nos dice que “los abogados no renuncian a su derecho a la libertad de expresión al ser admitidos a la práctica legal. . . [de la misma forma en que] los jueces no renuncian a su derecho a la libertad de expresión al tomar el juramento judicial”.[3] Continue reading “Entre la espada y la pared: La libertad de expresión de los abogados y el respeto a los tribunales.”

Por: Valeria Calderón Irizarry*

Como sabemos, al momento de adjudicar un pleito, los jueces y juezas deben ser imparciales. Cuando encontramos que un juez o jueza tiene algún tipo de relación con el abogado o abogada de alguna de las partes en el pleito, esa imparcialidad puede verse lacerada y se puede entender que el juez debe inhibirse. Actualmente, en Puerto Rico, las causas de inhibición de los jueces y juezas están regidas por el Canon 20 del Código de Ética Judicial,[1]las Reglas 76 y 80 de las Reglas de Procedimiento Criminal[2]y por la Regla 63.1 de las Reglas de Procedimiento Civil.[3]. Continue reading “Relaciones sociales o cercanas de los jueces con abogados como motivo de descalificación o divulgación”

Por: Aurora Hernández Galliano**

Introducción

Un juez que tenga como función mandatoria realizar bodas no puede negarse a casar a parejas del mismo sexo. Esta determinación fue hecha por el Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility (en adelante, “Comité”) de la American Bar Association (en adelante, “A.B.A.”). La interrogante pretendía indagar si un juez sujeto al Model Code of Judicial Conduct^[1] pudiera efectuar bodas de parejas heterosexuales pero, rehusarse a oficiar las de parejas del mismo sexo. El Comité concluyó que esa conducta violaría el Model Code. Esta conclusión se basa en la imparcialidad que tiene que exhibir un juez, específicamente en la prohibición a estos de discriminar por la orientación sexual de las partes.

Continue reading “Opinión Formal de la A.B.A.: Jueces no se pueden rehusar a casar a parejas del mismo sexo*”

Por: Alexandra Reyes Sánchez*

I. Representación legal limitada

El  Código de Ética Profesional de Puerto Rico establece que ningún abogado está obligado a representar a determinado cliente y que es su derecho  aceptar o rechazar una representación profesional.^[1] Además, el Código dispone que el deber de competencia requiere que un abogado no  asuma la representación profesional cuando es consciente de que no puede rendir una labor competente.^[2] Se reconoce, por consiguiente, la potestad del abogado de limitar el alcance de la representación que le provee a su cliente a ciertas circunstancias en las que no tiene el tiempo o la pericia necesaria para brindarle una representación legal tradicional adecuada. En otras ocasiones se proveen servicios legales limitados en aras de proveer acceso a la justicia a un costo razonable a personas que, de otra forma, no podrían pagar los honorarios que conlleva una representación legal plena.

Continue reading “Ghostwriting: el abogado fantasma”

Por: Astrid E. Vélez Rivera*

El Código de Ética Profesional del año 1970[1] es el instrumento que el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico utiliza para regular la conducta de todos los abogados y notarios en la isla. El incumplimiento con los Cánones puede sentar la base para iniciar un procedimiento disciplinario que pudiese culminar con la imposición de una sanción al abogado. En Puerto Rico, sin embargo, no existe un reglamento procesal para los procesos disciplinarios de ética profesional. La American Bar Association ha recomendado que el proceso disciplinario cuente con un cuerpo de reglas.[2] De esta forma, se pretende logar una estructura más concreta y clara para el proceso disciplinario. Esto resulta particularmente importante al momento de poder emitir la sanción correspondiente.

Continue reading “Posibles consecuencias cuando un notario es separado de la notaría”