Escuela de Derecho Universidad de Puerto Rico
Luego de 5 años, el viernes 4 de diciembre de 2020, vía ZOOM, se celebrará la SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE ÉTICA PROFESIONAL Y JUDICIAL: UNA MIRADA AL PRESENTE Y AL FUTURO.
¡Los invitamos a todos a unirse!
Abierto a todo el público en general sin costo alguno (registro requerido).
Por: André S. Rios Ramírez*
Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (“Tribunal Supremo”) tuvo ocasión de considerar un tema raras veces discutido, la prescripción de las acciones disciplinarias contra los abogados y los notarios.[1] El Máximo Foro resolvió que la inclusión en el inciso cinco (5) del Artículo 1867 del Código Civil de 1930,[2] de un término prescriptivo de tres (3) años para las acciones disciplinarias contra los abogados y los notarios, era una intromisión inconstitucional de la Rama Legislativa en las facultades inherentes a la Rama Judicial.[3] Por voz de la juez asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, se dispuso que si bien la Rama Legislativa puede complementar el poder inherente del Tribunal Supremo, esta legislación solo puede tener efectos directivos y no mandatorios para las gestiones del Tribunal Supremo en su reglamentación de la profesión legal.[4] Al declarar inconstitucionales las enmiendas al Artículo 1867, el Tribunal Supremo hizo unas expresiones que resultan pertinentes transcribir en su totalidad: “[l]as particularidades de las quejas contra la clase togada imposibilitan adoptar irreflexivamente un término uniforme e inflexible que limite irremediablemente nuestra facultad de asegurar la sana administración de la justicia”.[5] Al revisar estas expresiones surgen varias interrogantes que pasaremos a considerar. ¿Existe alguna reglamentación sobre la prescripción de acciones disciplinarias contras los abogados y los notarios? De contestar la pregunta anterior en la negativa, ¿qué alternativas pueden ser consideradas en este tema? ¿Sería unas de estas alternativas aceptable para el Tribunal Supremo? Pasemos a considerar estas interrogantes.
Por: Owen A. Rivera Colón y Melanie M. Mercado Méndez*
Introducción
Los abogados forman parte de nuestra compleja sociedad democrática, por lo que hay expertos que argumentan vigorosamente en contra de las limitaciones a la libertad de expresión de este gremio profesional. El reconocido constitucionalista Erwin Chemerinsky, en un discurso ofrecido en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, delineó el razonamiento detrás de esta oposición. La libertad de expresión, comenta Chemerinsky, es indispensable para el funcionamiento del proceso político, ya que esta libertad es esencial para que los tribunales de un gobierno democrático sean regulados y respondan ante el Pueblo.[1] También comenta que la libertad de expresión promociona el libre tráfico de ideas, lo que permite que el debate público escrudiñe aquellos pensamientos y trace juicios valorativos sobre estos.[2] Finalmente, el letrado indica que el análisis sobre la libertad de expresión de los abogados debe considerar la autonomía individual de los abogados. A tales efectos nos dice que “los abogados no renuncian a su derecho a la libertad de expresión al ser admitidos a la práctica legal. . . [de la misma forma en que] los jueces no renuncian a su derecho a la libertad de expresión al tomar el juramento judicial”.[3] Continue reading “Entre la espada y la pared: La libertad de expresión de los abogados y el respeto a los tribunales.”
Por: Neyshla García-Padilla*
I. Introducción
Bufetes y oficinas legales de todos los tamaños han sido objeto de ciberataques por parte de piratas informáticos.[1] Casos como el de los Panamá Papers y otros donde grandes bufetes que han admitido haber sido víctimas de violaciones de seguridad en sus sistemas de información, han fomentado que se discuta la realidad de estas amenazas.[2] Una encuesta hecha por la American Bar Association (“A.B.A.”) en el 2015 encontró que el 23 por ciento de los bufetes con más de 100 abogados han experimentado violaciones en sus sistemas informáticos.[3] Los bufetes y oficinas de abogados continúan siendo vulnerables y cada vez son más los afectados por este problema. [4] Continue reading “Los deberes éticos de un abogado ante una intrusión en los sistemas de información o Ataque cibernético: Reseña y Comentario sobre la Opinión Formal 483 (2018) de la American Bar Association”
Por: Raquel Merced Calderón
I. Introducción
Cuando una abogada cesa su afiliación profesional con un bufete u oficina legal y se une a otro o abre su propia práctica, surgen dudas en torno a cómo cumplir cabalmente con sus obligaciones éticas y sus deberes hacia los clientes que atendía directamente y hacia la oficina legal o bufete del cual sale. Esas obligaciones se centran en el deber ético de proteger los intereses de los clientes, asegurar que la representación legal no sufra efectos adversos en los casos activos, evitar conflictos de intereses y no incurrir en solicitación prohibida de clientes. La American Bar Association (en adelante, “A.B.A.”) cuenta con dos opiniones formales que proveen guías útiles sobre la naturaleza de las obligaciones éticas en ese proceso de transición cuando una abogada abandona un bufete o una oficina legal.
Por: Christian Barreda Pérez*
En esta nota analizamos interrogantes comunes en la práctica legal sobre la retención y el manejo de los expedientes que contienen documentos de casos y archivos de un cliente: ¿cuánto tiempo debe el abogado retener el expediente o los documentos de un cliente?; ¿está el abogado obligado a proveerle a su cliente copia física o impresa del expediente de su caso cuando el mismo se ha mantenido en formato digital?; y ¿puede un abogado cobrar por los gastos incurridos al convertir el expediente electrónico a papel? Continue reading “Recomendaciones sobre el tiempo durante el cual un abogado debe preservar los documentos de un cliente y el expediente de un caso y el modo de preservarlos: ¿digital o impreso?”
Por: Karla M. Delgado Soto*
El Código de Ética Profesional rige la conducta de la profesión legal en Puerto Rico. El Canon 24, dispone que la fijación de honorarios profesionales debe regirse siempre por el principio de que la profesión legal es una parte integral de la administración de la justicia y no un mero negocio con fines de lucro. Dispone, además, que, a la hora de fijar los honorarios, deben considerarse los siguientes factores: el tiempo y el trabajo requerido, la novedad y dificultad de las cuestiones envueltas y la habilidad que requiere conducir propiamente el caso. También se establece que es deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honorarios a ser cobrados por el abogado al inicio de la relación profesional y que dicho acuerdo se realice por escrito.[1] Continue reading “La división de honorarios entre el abogado predecesor y el sucesor”
Por: Valeria Calderón Irizarry*
Como sabemos, al momento de adjudicar un pleito, los jueces y juezas deben ser imparciales. Cuando encontramos que un juez o jueza tiene algún tipo de relación con el abogado o abogada de alguna de las partes en el pleito, esa imparcialidad puede verse lacerada y se puede entender que el juez debe inhibirse. Actualmente, en Puerto Rico, las causas de inhibición de los jueces y juezas están regidas por el Canon 20 del Código de Ética Judicial,[1]las Reglas 76 y 80 de las Reglas de Procedimiento Criminal[2]y por la Regla 63.1 de las Reglas de Procedimiento Civil.[3]. Continue reading “Relaciones sociales o cercanas de los jueces con abogados como motivo de descalificación o divulgación”
Por: Michael Hernández Vera*
Las redes sociales aparentan haber llegado para quedarse. Muchos las utilizan como medio de comunicación o como entretenimiento, pero algunos también las utilizan como una herramienta de trabajo. Redes sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn contienen una gran cantidad de información sobre sus usuarios que está disponible al público en general y, por lo tanto, pueden servirles a los abogados para investigar detalles sobre personas de interés en un caso. La pregunta que surge a raíz de este uso es si pueden los abogados utilizar las redes sociales con el fin de obtener información de personas de interés en casos o asuntos en los que estén trabajando. Continue reading “¿Pueden los abogados utilizar las redes sociales como una herramienta de investigación?”
Por: Aurora Hernández Galliano**
Introducción
Un juez que tenga como función mandatoria realizar bodas no puede negarse a casar a parejas del mismo sexo. Esta determinación fue hecha por el Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility (en adelante, “Comité”) de la American Bar Association (en adelante, “A.B.A.”). La interrogante pretendía indagar si un juez sujeto al Model Code of Judicial Conduct[1] pudiera efectuar bodas de parejas heterosexuales pero, rehusarse a oficiar las de parejas del mismo sexo. El Comité concluyó que esa conducta violaría el Model Code. Esta conclusión se basa en la imparcialidad que tiene que exhibir un juez, específicamente en la prohibición a estos de discriminar por la orientación sexual de las partes.